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LimónApps | November 19, 2019

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La historia de El Libro Negro de la Justicia Chilena

La extensa investigación de la periodista Alejandra Matus, que relata los vicios y defectos de la justicia chilena tras el regreso de la democracia, fue requisada por la Policía de Investigaciones, por mandato de un juez de la Corte Suprema, a menos de un día de ser publicada.  Aquí, reconstruimos los días que sucedieron a partir del anuncio de la publicación: desde la orden de detención contra Matus y su autoexilio en Estados Unidos hasta las manifestaciones en los tribunales de escritores, diputados y periodistas con mordazas en la boca, aludiendo al fin de la censura en el país.

Por Samuel Gutiérrez H.*

Desde tiempos inmemoriales se cree que el martes 13 es de mal agüero. Creíble o no, lo cierto es que el martes 13 de abril de 1999, la periodista Alejandra Marcela Matus Acuña publicaría su emblemática obra de investigación El Libro Negro de la Justicia Chilena. Menos de 24 horas después, por orden de un juez de la Corte Suprema, el libro fue censurado y requisado por la Policía de Investigaciones en todas las librerías del país. Este hecho, que marcó la carrera de Matus y la obligó a dejar el país para no ser procesada, tuvo repercusiones legales y políticas a nivel nacional e internacional.

 

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El Libro Negro de la Justicia Chilena fue el resultado de seis años de investigación, con más de 80 entrevistados y 349 páginas que denuncian la negligencia, corrupción, abuso de poder, nepotismo y parcialidad de los jueces, donde destaca Servando Jordán, entonces ministro y ex presidente del ente rector de la justicia chilena.

“El contenido del libro comenzó a ser conocido en los pasillos de los tribunales en la mañana y generó inquietud en la principal sede de la justicia chilena. Por la tarde, Servando Jordán ya conocía el contenido y las alusiones que se hacían a su persona”, señaló El Mercurio, un día después de la publicación. El juez Jordán presentó el requerimiento por el artículo 6°, letra b de la Ley de Seguridad del Estado, que sanciona “a quienes injurien, calumnien o difamen a altas autoridades del país, incluyendo a los magistrados de los tribunales superiores de justicia”.

Jueves 15 de abril: Declaración de guerra

Tras la orden del magistrado de la causa, Rafael Huerta, fueron requisados mil libros desde la Editorial Planeta y de las librerías, aunque dos mil alcanzaron a venderse en pocas horas.

El abogado que representó a la Editorial Planeta, Hernán Montealegre, sostuvo que el requerimiento no prosperaría y garantizó la defensa de Alejandra Matus, aunque puntualizó que “no había una ley que permitiese volver a poner en circulación el libro, y no correspondía interponer una querella, ya que la resolución del ministro sumariante, Rafael Huerta, estaba ajustada a la ley”.

Mientas Matus dejaba el país rumbo a Buenos Aires, Argentina, donde también publicaría su libro, Jordán defendió la incautación del libro ordenada por Huerta, porque según él, “cómo no se va a impedir la circulación de una cosa que puede llegar a todas partes con relatos que son incomprensibles”. Jordán consideró levantar el requerimiento, siempre y cuando Alejandra Matus le pidiera perdón y el libro no se publicara en el futuro, algo que estaba muy lejano a suceder.

Tres días después de la incautación del libro, a mediodía, medio centenar de artistas, universitarios y periodistas –entre ellos Francisco Martorell, autor del también censurado libro “Impunidad Diplomática” (1993)– se pararon frente al Palacio de Tribunales con mordazas en la boca, como signo de protesta contra la censura.

Poco después llegaron diputados, escritores y abogados, quienes entregaron una carta al presidente de la Corte Suprema, Roberto Ávila, solicitando medidas disciplinarias para revocar la medida. Ávila dijo no tener facultades para anular la decisión, pero que lo plantearía al pleno de ministros, donde la queja fue rechazada.

El problema trascendió los tribunales. Los parlamentarios Patricio Hales (PPD) y Gabriel Asencio (DC) solicitaron una sesión especial de la Cámara para tratar el tema de la censura en Chile.

La Asociación Nacional de Prensa declaró, entonces, que tal situación “pone de relieve, una vez más, la existencia de gravísimas limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión”, y solicitó la derogación inmediata de la Ley de Seguridad del Estado.

La Editorial Planeta, en tanto, anunció la publicación del libro en Argentina, pero en una versión editada, lo que molestó a la Asociación de Periodistas, que calificó el hecho como una “censura previa”.

El diario La Tercera publicó una columna que repudiaba el proceder de Servando Jordán y la resolución del ministro Rafael Huerta, e hizo hincapié en la exigencia del juez para renunciar a la querella: Que la periodista le pidiera perdón.

“Sostener que un libro crítico hacia el Poder Judicial y sus miembros tiene la capacidad de hacer peligrar la situación interna del país, habla muy mal de la confianza que reviste uno de los poderes del Estado, como es el Judicial”, señaló el texto. “Si la publicación es una ‘letrina’, como sostiene el demandante, existen mecanismos legales para combatir judicialmente los eventuales excesos o falsedades, pero requisar y secuestrar los ejemplares de las librerías no es propio de un país civilizado”.

Junto con criticar la celeridad con que actuó la justicia defendiendo a un supremo, La Tercera deseó que ojalá fuera así en todos los casos.

Una nueva protesta, esta vez con una gran tijera de cartón, se realizó frente al Palacio de Tribunales. Diputados, actrices, escritores y dirigentes del Colegio de Periodistas, demandaron “cortar” con la censura en el país.

Un artículo de La Tercera, fechado el domingo 18 de abril, detalla “la trama del libro de la justicia”. El texto señala que Alejandra Matus cubrió varios años el sector judicial, lo que le permitió presenciar la demora de algunos fallos por el abandono de deberes de ministros de la Corte. Además, relata cómo algunos magistrados ejercían su influencia para apoyar, proteger y levantar la carrera de algún familiar vinculado a la magistratura.

El reportaje menciona los hechos que se atribuyen a Jordán, como que frecuentaba un local nocturno y mantenía una botella de whisky en su oficina. O que otro juez “aprovechó su condición para que jovencitas lo visitaran en su despacho”.

Por último, se detalló que Matus daba cuenta de cómo algunos jueces llegaron a la Suprema durante el Régimen Militar, cuestionando la preparación profesional y la falta de méritos de los magistrados.

 

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Lunes 19 de abril: El contraataque

Un grupo de juristas de la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por considerar “arbitraria e ilegal” la resolución del magistrado Rafael Huerta.

Fundamentaron que la incautación no era legítima, debido a que no había ninguna norma vigente que permitiera dictar una resolución que vulnerara la libertad de opinar e informar, algo que asegura la Carta Magna.

Los juristas advirtieron que ninguna de las disposiciones del ministro Huerta estaba vigente, ya que habrían sido derogadas “tácitamente” en la Constitución de 1980, la que en el artículo 12, inciso 1, garantiza la libertad de emitir opinión e informar sin censura previa, en cualquier forma y medio, sin responder por delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de dichas libertades en conformidad a la ley.

Asimismo, citaron el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Chile adhirió el 21 de agosto de 1990, que asegura que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión (…) Buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras”.

Martes 20 de abril: Internet hace lo suyo

En el conocido caso del narcotraficante chileno Mario Silva Leiva, conocido como “El Cabro Carrera”, la jueza de Viña del Mar que llevaba la causa en 1997, Beatriz Pedrals, impuso la prohibición de informar a todos los medios de comunicación. Para Fernando Paulsen, entonces director de La Tercera, esa norma creada durante el gobierno de Augusto Pinochet, era “un resabio legal de los tiempos de dictadura”, por lo que el diario arrendó un servidor alojado en Nueva York, donde el medio podía publicar sin riesgo de ser procesado por la justicia chilena.

Dos años después de esa medida estalló el escándalo del Libro Negro de la Justicia Chilena, lo que permitió a La Tercera publicar la obra de Alejandra Matus, en un duro revés para la justicia. Tras las primeras horas de publicación, 16 mil lectores accedieron al sitio.

“El interés de los lectores llegó a tal nivel, que el servidor contratado por Copesa para hospedar el libro, fuera del alcance de la justicia chilena, estuvo a punto de saturarse en reiteradas ocasiones”, consignaría La Tercera. El director de Medios Digitales de ese diario, Juan Carlos Camus, agregó que “la censura aplicada a la publicación quedó por el suelo”.

Colegas, no amigos

Servando Jordán perdió el respaldo de sus pares a medida que avanzaba el polémico caso. Uno de los primeros en desmarcarse fue Roberto Dávila. El magistrado comentó que la requisición de El Libro Negro podía afectar la imagen del país, tal como ocurrió con la censura de la película “La Última Tentación de Cristo”.

“Hace tiempo que deberían haber presentado un proyecto para modificar esta normativa”, sostuvo el máximo juez de la Suprema en relación al articulado de la Ley de Seguridad del Estado. Y agregó que la querella fue formulada por solo un ministro, por lo que esta no era un “actitud corporativista”, sino un “acto absolutamente personal de mi colega don Servando Jordán”.

El mensaje llegó rápido al Congreso. Diputados de la Concertación y RN presentaron un proyecto para modificar la ley 12.927 sobre Seguridad del Estado, con el mismo fin que proponía Ávila: no vulnerar el espíritu de la Constitución. Se buscaba modificar el artículo 6° de esa ley, para eliminar la alusión a calumnias y difamación contra máximas autoridades civiles y militares del país. También se pretendía cambiar los artículos 16 y 17 de la misma ley, sobre la publicación y transmisión de información y responsabilidades penales por delitos cometidos en medios de comunicación, relacionadas a la libertad de expresión, información y ejercicio del periodismo.

Jueves 22 de abril: Jordán cuestionado por sus pares

De los jueces nombrados por Pinochet, solo quedaban Dávila, Osvaldo Faúndez y Hernán Álvarez, quienes prefirieron tomar distancia de Jordán. Solo Luis Correa Bulo se mantuvo fiel. Pero este último, así como Faúndez, también mencionados en El Libro Negro, no quisieron emprender acciones legales contra Matus, a pesar de que ambos magistrados apoyaron la candidatura de Jordán a la reñida presidencia de la Corte en 1996.

Incluso así, la continuidad de Jordán en el Poder Judicial causaba incomodidad entre sus pares, porque “otorgaba excesivo protagonismo a sus problemas personales” y no había recursos legales para solicitar su renuncia.

En el pleno, no se trató ninguno de los temas del caso Matus presentes en tabla, a pesar de que presidía Jordán, en reemplazo de Dávila. El ministro Correa Bulo dijo que “no se tocó el tema porque estaba presidiendo Servando Jordán, y como él es un caballero, no va a tocar un tema que le afecte a él”.

El caso llegó hasta Estados Unidos. Desde Nueva York, el Comité de Protección a los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) envió una carta al entonces Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle defendiendo la labor de Matus y pidiendo velar por la libertad de expresión e información, propia de los países democráticos. En la misiva también se mencionó el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, adscrita por Chile.

Domingo 25 de abril: La prensa con el pueblo

Días después de la columna de La Tercera, El Mercurio no se quedó atrás, y publicó “Reforma a Ley de Seguridad del Estado”, donde se resaltó la moción parlamentaria propuesta por diputados de la Concertación y RN, que planteaba aplicar dicha ley solo a quienes ultrajaran la bandera, el escudo o el nombre de la patria y el himno nacional.

La moción, respaldada por el presidente de la Suprema, que buscaba igualar a todos los ciudadanos ante la ley, fue aprobada por unanimidad en la Cámara Baja.

“Esos privilegios son resabio anacrónico de la monarquía de derecho divino, durante la cual la persona del soberano era sagrada y, por extensión, también la de sus ministros y colaboradores. Carecen de fundamento en la actual concepción constitucional”, afirmó el diario de Agustín Edwards.

Jordán: “impredecible” y “feo de pasado turbio”

La relación de Servando Jordán con la prensa y la política tuvo varios hitos. Se enfrentó a periodistas, diputados y hasta con el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

En 1997 Jordán fue acusado constitucionalmente dos veces: Una por abandono de deberes en la excarcelación del traficante colombiano Luis Correa Ramírez, donde se enfrentó al CDE. La otra fue por la intervención en el proceso contra el entonces fiscal Marcial García Pica, acusado de proteger al capo narco chileno Mario Silva Leiva, el “Cabro Carrera”.

El diario La Tercera, con Fernando Paulsen como director y José Ale como periodista, publicó un perfil del polémico juez el día que dejó la presidencia de la Suprema, el 7 de enero de 1997. Jordán invocó la Ley de Seguridad del Estado porque Ale lo calificó como “un juez impredecible”. La Corte de Apelaciones rechazó dos veces la demanda del abogado de Jordán para someter a juicio a los profesionales, sin embargo, el 16 de septiembre se revocó la resolución, lo que le valió un día en la cárcel de Capuchinos al ex director del diario y varios para el reportero.

“Servando Jordán es de lo peor que se ha visto jamás como presidente de la Corte Suprema (…) era impredecible porque había modificado fallos y criterios muchísimas veces (…) Jordán estaba pidiendo una pena de tres años y un día” reconocería Fernando Paulsen, 19 años después de lo ocurrido.

El 21 de enero de 1998, Jordán utilizó la misma ley que invocó ante Matus, contra la periodista Paula Coddou, de la Revista Cosas, y su entrevistado de la Radio Rock & Pop, el escritor Rafael Gumucio. ¿La razón? Gumucio dijo que Jordán era “feo y de pasado turbio”. Esto provocó un día de cárcel para ambos y $100 mil de fianza.

 

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Matus vuelve al país

A mediados de abril de 2001 se promulgó la nueva ley de prensa, que derogó el artículo 6°, letra b, de la ley de Seguridad del Estado, que provocó la salida de Matus de Chile. A fines de junio, el ministro sumariante Rubén Ballesteros sobreseyó la investigación y un mes más tarde la Corte de Apelaciones de Santiago anuló la orden de detención que pesaba contra la reportera. Ocho días después, ya en el país, Matus dijo: “Hoy es un gran día para los periodistas y para la libertad de prensa en Chile”.

Apenas llegó, presentó en el Palacio de Tribunales un recurso de protección contra la prohibición de su libro, junto a su hermano y abogado Jean Pierre Matus.

Después de una semana en Chile, Alejandra Matus regresó a Miami, donde recibió asilo político durante dos años y tres meses, para preparar una investigación sobre la libertad de expresión en Chile. Su experiencia sería parte del relato, que inmortalizó en su libro “Injusticia Duradera”, lanzado ese mismo año.

Actualmente, Alejandra Marcela Matus Acuña reside en Chile e imparte clases de periodismo de investigación en la Universidad Diego Portales.

*Este texto, elaborado en la asignatura Taller de Reportaje Interpretativo, consistió en la revisión bibliográfica de noticias sobre El Libro Negro de la Justicia Chilena, a raíz de la polémica indicación aprobada en marzo de 2016, que sanciona con penas de cárcel las filtraciones de las causas judiciales conocida como “Ley Mordaza”.

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